Parte de la ponencia que presentaremos el martes 30 en el salon Auditorio de la Facultad de Derecho de la UBA- 15 hs.
Descripción de la situación jurídica vinculada al juego en la Ciudad de Buenos Aires
A partir de la investigación que iniciamos acompañando al bloque de la Coalición Cívica y a la Auditora de la Ciudad Paula Oliveto Lago, comienza a visibilizarse una problemática que en los últimos años ha ido creciendo en claro perjuicio hacia mujeres y jóvenes.
Tiraremos un poco del hilo de la historia reciente de las decisiones sobre el juego, para ver que han estado implicados funcionarios de alto nivel de varias administraciones, y comprender el poder corruptor de esta actividad. En el ámbito nacional, el ex presidente Néstor Kirchner, a pocos días de finalizar su mandato, exactamente el 5 de diciembre de 2007, firma el decreto 1851-07 renovando hasta el año 2032 la explotación de máquinas tragamonedas en el Hipódromo de Buenos Aires, y lo hace 10 años antes de vencer la actual concesión.
Es importante saber que con ese solo gesto, multiplica el valor de la empresa vinculada a sus amigos empresarios, ya que asegura las ganancias a largo plazo que forman parte de la evaluación comercial de un emprendimiento. Si al día siguiente de la publicación del decreto hubieran querido venderla, habrían hecho un negocio extraordinario sólo por virtud de esa firma. Que se trata de un artilugio no ilegal pero sí ilegítimo, lo prueba que el mismo sistema se utilizó con prórrogas adelantadas en explotaciones petroleras y mineras. Tal como define Transparencia Internacional: “La corrupción es el abuso de poder en beneficio privado”.
Este decreto presidencial es peculiar no sólo porque el argumento para dicha prórroga se funda en las pérdidas de la empresa concesionaria sino porque, contradictoriamente, a través de la Resolución Nro. 31-07 Lotería Nacional intima al concesionario de Palermo a incrementar el parque de máquinas tragamonedas (slots) atento a la creciente demanda del mercado lúdico.
Varios años antes, por medio de otro decreto, Kirchner benefició el incipiente y millonario negocio de las maquinitas tragamonedas y de Cristóbal López y Ricardo Benedicto, presidente y vice de Casino Club S.A y amigos personales del ex presidente. En el año 2002 Eduardo Duhalde había dictado la resolución 99 a través de la cual se autorizaba la instalación de tragamonedas. Asimismo el, en ese entonces, presidente De la Rúa firmó el decreto 494/2001, que autorizaba a Lotería Nacional a implementar juegos de resolución inmediata por medio de máquinas electrónicas en los bingos porteños. Al asumir Kirchner deroga este decreto pero nada dice respecto de la resolución de Duhalde, lo que facilita al Hipódromo un negocio millonario. Recordemos que Casino Club en noviembre de 2002 se asociaba con HAPSA, empresa que controla el Hipódromo de Palermo.
Es interesante destacar también los negocios de los empresarios del juego que se "autocontrolan" en cuanto a la recaudación. Tanto Casino Club S.A. como HAPSA han adquirido en 2007 el 50,1% de la empresa que fiscaliza las apuestas online de las máquinas, Tecno Acción, contratada por Lotería Nacional para auditar el 11% del juego en el país, incluido el que produce Palermo. A esto debemos sumarle que la Ciudad de Buenos Aires no controla lo que allí se recauda pese a la Ley 1182 que atribuye a la ciudad esa fiscalización. Nuevamente la autoridad de aplicación de la Ley 538, el Instituto de Juego de Apuestas de la CABA parece no recordar para que fuera creado.
La reforma de nuestra Carta Magna en 1994 consagra la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y así a partir del dictado de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 1996, se establece a través del art.50 que " La Ciudad regula, administra y explota los juego de azar, no siendo admitida la privatización o concesión."
Conteste con éste y otros artículos de la Constitución de la CABA, en el año 2001, con el Dr. Aníbal Ibarra como Jefe de Gobierno porteño, se sanciona la Ley de Juegos de Apuestas Nro. 538 , la cual en su artículo 2 establece que todos los juegos de apuestas de la Ciudad son de su competencia exclusiva y que los resultados económicos de la explotación de juegos tienen afectación al financiamiento de programas de asistencia y desarrollo social.
En el año 2002 se sanciona la Ley de creación del Instituto de Juegos de Apuestas (IJA) de la CABA Nro 916, entidad con autonomía técnica y autarquía financiera que será autoridad de aplicación de la Ley de Juegos de Apuestas.
La Ley 916 en su artículo 8 se refiere a la ludopatía estableciendo entre las funciones del Director Ejecutivo de Juegos y Mercadotecnia la de " estimular campañas comunitarias sobre la ludopatía y la erradicación del juego clandestino"
Asimismo y en una cláusula transitoria se instruye a al IJA a realizar un Convenio con Lotería Nacional Sociedad del Estado, el cual se lleva a cabo quedando aprobado por la Legislatura de la CABA por Ley 1182 en el año 2003.
Este convenio contradice los principios establecidos tanto en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires como en la Ley 538, al establecer la participación de ambas jurisdicciones, no establecer expresamente la competencia local y estipular que ambas jurisdicciones concurrentemente habilitan nuevos juegos de azar.
Mención aparte merece la redacción del artículo del convenio que la Legislatura aprueba, en cuanto a la prórroga del mismo, atento a que en la Ley de creación del IJA se instruye a realizar un convenio que debe ser aprobado por la Legislatura y su opción a prórroga también. El convenio finalmente aprobado establece que el acuerdo tiene una vigencia de 4 años a partir de su aprobación, y se considerará prorrogado por períodos iguales en tanto las partes no manifiesten su voluntad en contrario de modo fehaciente con ciento veinte días de anticipación al respectivo vencimiento.
Esta cláusula en cuanto a la prórroga del convenio trajo como consecuencia la no necesidad de aprobación por parte de la Legislatura para la continuidad del mismo en franca contradicción a lo instruido por la Ley 916 para la realización del convenio, operándose así una prórroga automática indefinida de no ser explícitamente rescindido. Claramente: si las autoridades de la Nación y la Ciudad no hacen nada, el convenio se prorroga solo.
El caso más reciente es el del actual Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, el cual a mediados de 2007 y antes de asumir como tal, el Dr. Gil Lavedra le cursa carta documento a fin de que, en caso de ser electo, denuncie el convenio ante la proximidad de su vencimiento y recupere el control del juego para la Ciudad. La finalización del convenio no fue denunciada por el ingeniero Macri. Con lo que se estima la pérdida de unos 136 millones de pesos anuales. Y no es porque a la Ciudad le sobren recursos. La negligencia en el control del juego la pagan todos y todas los/las ciudadanos/as porteños/as. Las medidas tomadas por el nuevo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tales como el aumento del ABL, y la rescisión de contratos de personal evidenciaron la falta o la mala administración de los recursos que fuera reconocida por la problemática en los hospitales de la Ciudad y la necesidad de una mayor recaudación.
Esto nos lleva a preguntarnos por qué se mira para otro lado cuando se trata de defender la autonomía de la Ciudad en los juegos de azar y cuál puede ser el motivo que lleva a la Ciudad a resignar ganancias de una actividad que le corresponde percibir. El Convenio entre Lotería Nacional y el Instituto de Juegos de Apuestas, no sólo contrario a la constitución de la Ciudad sino a la misma ley de creación del IJA, fue objeto de numerosas impugnaciones judiciales.
Una de ellas, la acción de amparo impetrada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires por considerar que dicho convenio constituía un acto ilegítimo que afectaba la autonomía de la CABA y solicitaba la suspensión del procedimiento de aprobación de la Ley 1182. Luego de las sentencias de primera y segunda instancia el Tribunal Superior de la Ciudad en un fallo dividido logra que el Convenio quede firme.
A mediados de 2007 el representante que el partido del actual jefe de gobierno porteño designó en el IJA, Luis Miyar, dictaminó a favor de mantener la exclusividad de Lotería en la explotación, comercialización y fiscalización de los juegos de azar. Como Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos pareció no conocer los argumentos independentistas de su jefe político, quien enarbola la bandera de la autonomía cuando de reclamar la policía se trata. Y si el argumento es la seguridad de quienes habitamos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para reclamar razonablemente el manejo autónomo de la policía, tal vez convenga recordar que el juego es tal vez el principal recurso de lavado de dinero, por lo que está asociado al crimen transnacional. Esta advertencia puede leerse en la propia página web del Instituto del Juego de la ciudad, de modo que el vínculo entre juego y lavado de dinero no es ignorado por las autoridades. Por nuestra seguridad, entonces, convendría tener un control autónomo del manejo del juego. Pero es necesario señalar que quien presidía el IJA en ese momento era Carlos Alberto Gallo, dedicado hombre del negocio del juego por haberse iniciado en el Instituto Provincial de Loterías y Casinos de la Pcia. de Buenos Aires para luego asumir en Lotería Nacional durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Lo que hace suponer que además de contribuir a su currículum vitae para poder presidir el Instituto de Juegos de Apuestas, le permitió cosechar amigos y socios en ese negocio.
Es harto difícil poder llevar a cabo un relato pormenorizado de todas las artimañas judiciales y legislativas en este negocio. Pero es claro que el Instituto del Juego de la CABA, no ha cumplido como autoridad de aplicación de la ley ni con las funciones asignadas, defendiendo por el contrario los intereses de la Nación y de los empresarios del juego en detrimento de las necesidades de la Ciudad.
Al caballito de batalla del Jefe de Gobierno porteño en cuanto a la necesidad del traspaso de la policía para poder solucionar el problema de la seguridad y más aún, apoyado en el argumento de la autonomía, no podemos dejar de cuestionarnos por qué se le hace perder a la Ciudad ganancias que constitucionalmente le pertenecen justamente en razón de la autonomía.
Refrescando lo sucedido, luego de una disputa entre Lotería Nacional Sociedad del Estado y el Instituto de Juego de Apuestas de la CABA en el año 2005, por la apertura de las licitaciones de las concesiones de las cinco salas de Bingos en la Ciudad, éstas se extendieron por resolución desde septiembre de 2005 hasta septiembre de 2007. La Procuradora General de la Ciudad, Alejandra Tadei sostenía la imposibilidad de renovar esas concesiones.
Macri ha estado al tanto de las cuestiones de los Bingos de la Ciudad así como de la necesidad de no prorrogar el Convenio entre LNSE el IJA, ya que algunos de los miembros de sus filas partidarias fueron parte del directorio del Instituto de Juego de Apuestas durante la gestión del ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra, como es el caso de José Torello, actual jefe de asesores de Macri. Torello, junto a Nicolás Caputo, hombre del macrismo y el contratista más importante de la Ciudad, habrían sido los artífices del contacto con los empresarios de Casino Club. Esta empresa es la que actualmente tiene el gerenciamiento de Palermo y de los barcos de Puerto Madero. Su CEO es Federico de Achával, presidente del Banco Columbia, una entidad financiera que vinculan a Alberto Fernandez.
El gerente operativo de Casino Club es Ricardo Benedicto, quien decidió comprar la empresa Tecno Acción, encargada justamente de auditar las sumas jugadas y la parte correspondiente al canon que debía pagarse a Lotería Nacional y a la Ciudad. Dicho claramente, ellos deciden lo que pagan, ya que el IJC delega en Lotería Nacional, y esta en Tecno Acción la determinación de las ganancias; y Tecno Acción es de los mismos explotadores del Casino.
De tan clara que es la normativa, tanto de la Constitución de la CABA como de las leyes Nro.538 y 916, resulta complejo entender las discusiones judiciales y legislativas.
En la misma Ciudad de Buenos Aires, al abrir el período legislativo 2008, Mauricio Macri proyectó un video con las penosas condiciones en que había heredado la Ciudad que le tocaba gobernar. Luego de la proyección sobre la situación en que se encontraba la misma, era evidente la necesidad de recursos para mejorarla.
Las vinculaciones entre el macrismo, el kirchnerismo y la actividad del juego ha quedado desde el inicio demostrada cada vez que se ha necesitado modificar o aprobar alguna norma que beneficiara algún interés particular que no es exactamente el interés de la Ciudad ni los principos autonómicos.
Tal es el caso del Plan Anual de Auditoría 2008, que incluía la auditoría del Instituto del Juego de la Ciudad, el cual al llegar a la Legislatura fue modificado con amplio consenso de macristas y kirchneristas para dejar de lado ciertos temas con el argumento del recargo de tareas, para transformar a este organismo de control en una auditoría "light". Luego de un extenso debate en el que se pretendía dejar fuera de toda investigación legal, financiera y de gestión al IJA por parte del macrismo y el kirchnerismo, la intervención azorada de distintos legisladores visibilizó lo que venía sucediendo con el Instituto de Juegos y Apuestas de la CABA.
Las pérdidas de la Ciudad en esta materia, si bien no pueden constatarse porque es justamente el IJA quien debe proporcionar la información, son millonarias. Y al decir en la intervención de la Diputada Maffía, en tanto en las comisiones de Hacienda y Salud de la Legislatura se discuten medidas preocupantes en cuanto al endeudamiento de la Ciudad para satisfacer las demandas básicas de equipamiento de hospitales públicos. Por negligencia o complicidad, se pierde un ingreso legítimo equivalente.
Recordemos que el Instituto de Juegos de Apuestas es la autoridad de aplicación de la Ley de Juegos de Apuesta Nº 538 y entre sus funciones debe denunciar ante la justicia competente las transgresiones a la ley vigente y debe organizar, administrar, reglamentar, explotar, recaudar y controlar en forma directa los juegos de apuesta contemplados en la ley. Esto quiere decir que el IJA fue creado como autoridad de aplicación justamente para defender los derechos de la Ciudad en lo referente al tema del juego.
El Instituto de Juego no sólo no ha cumplido con las obligaciones de la Ley Nº 538 sino que parece ir más allá no denunciando ni controlando las pérdidas de ingresos por la actividad para lo que fuera creado. Estos ingresos por el artículo 24 de la ley deben ser afectados al financiamiento de programas de asistencia y desarrollo social. Justamente la falta de presupuesto es lo que aduce el Jefe de Gobierno de la CABA cuando se intenta a través de la Legislatura, la creación o modificación de algún programa que atienda las necesidades de los/as ciudadanos/as. El 10 de julio pasado, con 38 votos a favor y 13 en contra, la Legislatura porteña votó un nuevo endeudamiento por orden de Mauricio Macri. para financiar el Fondo de Infraestructura Social (FOISO) votado en diciembre de 2007 para el cual se emitirá un bono por u$s 500 millones que representa un nuevo endeudamiento para la ciudad de Buenos Aires. Además los bancos que colocarán esos bonos le darán a la Ciudad un “préstamo puente” por u$s 200 millones, por el que cobrarán sus intereses. Esto fue aprobado por el oficialismo (PRO) y el Frente para la Victoria (kirchnerismo) y se opusieron el resto de los bloques la Coalición Cívica, MST-NUEVA IZQUIERDA, el ibarrismo, el Partido Socialista y el bloque Igualdad Social.
Casino en aguas del Río de la Plata
En 1999 Lotería Nacional Sociedad de Estado convoca a una licitación para seleccionar un agente operador de una sala de casinos que funcionará en un buque de bandera argentina en aguas del Río de la Plata. La empresa de origen español CIRSA (Cirsa International Gaming Group) obtiene la concesión y se realiza la apertura del primer barco casino "Estrella de la Fortuna"
La Ley 538 de Juegos de Apuestas sancionada en el año 2000, establece en su artículo 30 que el Poder Ejecutivo debe realizar todas las acciones para lograr cerrar el Casino de Puerto Madero. Sin embargo, el 19 de enero del 2006 en medio de una disputa entre la Justicia Porteña que lo considera ilegal y la Justicia Federal que protegió su funcionamiento, abrió sus puertas al público un nuevo barco casino, el "Princess".
El casino flotante nació en 1999 merced a una resolución del gobierno de Carlos Menem y a un decreto que le permitió a la empresa operadora quedarse con el 80 por ciento de las ganancias y dejar el 20% restante en manos del Estado a pesar de la letra de la Constitución porteña que establece que la ciudad de Buenos Aires es la que regula, administra y explota los juegos de azar, dando origen al conflicto. El problema de fondo es quién tiene el control del juego en la ciudad. Las normas locales, incluida la Constitución y la justicia porteña, dicen que es la Ciudad. La Corte, también, pero Lotería Nacional y algunos tribunales federales dicen que es de la Nación. La pelea no es menor, pues se trata de una puja que involucra muchísimos millones de pesos en apuestas recibidas al año, entre el casino y las tragamonedas.
En octubre de 2003 el Gobierno Nacional y el porteño firmaron un acuerdo para repartirse en mitades iguales las ganancias del juego. Sin embargo, ese convenio que fue ratificado por la Legislatura porteña (Ley 1182), fue declarado inconstitucional por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº2 de Roberto Gallardo, con el respaldo intelectual del abogado constitucionalista Ricardo Monner Sans.
La causa que llevaba adelante el juez Gallardo -quien además de declarar inconstitucional el acuerdo para la repartición de dinero, había pedido en reiteradas oportunidades el cierre del casino - prosiguió, hasta que la Cámara de Apelaciones de la Capital Federal ordenó al gobierno porteño que analice con Lotería Nacional la manera de clausurar el casino flotante y de evitar que se instale una nueva sala de juego. El fallo correspondía a los camaristas en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Edgardo Russo y Nélida Daniele. Los jueces dijeron que era parcialmente inconstitucional el acuerdo entre la Ciudad y la Nación en lo que se refiere a "otorgarle el poder de policía a Lotería Nacional para que autorice la instalación de nuevas salas de juego" y para que "prorrogue la concesión del casino flotante y la apertura de un segundo barco".
No obstante estos fallos, el temor de que la empresa CIRSA S.A. siga con sus negocios desoyendo las advertencias de la justicia porteña mientras se dirimían los conflictos, se concretó. El 19 de enero de 2006 se inauguró el segundo casino flotante llamado "Princess", y en este caso fue el juez Sergio Fernández quien permitió su apertura, argumentando que la ciudad no tiene injerencia en ese territorio.
¿Cuál es la jurisdicción en la que se encuentran los barcos? ¿Son parte de la Ciudad por estar en Puerto Madero, o están bajo jurisdicción federal por estar dentro de las aguas del Río de la Plata? La discusión se basa en la ubicación de los barcos y la cuestión referida al Río de la Plata. Los barcos se encuentran apostados en la Dársena Sur, en un sector de la Dársena perteneciente a la Dirección de Abastecimientos de la Armada Argentina. Casino de Buenos Aires posee la concesión del muelle, adaptado para apostadero de los buques “Estrella de la Fortuna” y “Princess”.No siempre la jurisdicción sigue al dominio. Por ejemplo, los ríos son de las provincias pero en cuanto a la navegabilidad, la misma es de jurisdicción federal. No obstante y como bien lo menciona la Constitución Porteña, el Río de la Plata es un río sujeto a normas de Derecho Internacional pero ello no impide que, respetando dicho tratado internacional, la Ciudad pueda reclamar sus derechos sobre el mismo. Jamás se ha hecho.
http://www.buenosairesciudadpuerto.blogspot.com/